En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales señalamientos contra Moncada gira en torno al uso de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), especialmente en el departamento de Copán. Según denuncias recientes, fondos públicos habrían sido canalizados hacia estructuras vinculadas al partido oficialista, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales con fines electorales.
Estas afirmaciones se desarrollan en un marco de creciente presión por la claridad en la administración del gasto público durante un año electoral, donde distintos sectores han pedido regulaciones más rigurosas sobre el manejo de los fondos dirigidos a la asistencia social.
Denuncia internacional ante el FBI
El caso tomó un giro internacional a principios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la que se menciona a Moncada y a otros funcionarios del Estado. La acusación alega irregularidades administrativas y uso indebido de funciones públicas que habrían afectado inversiones extranjeras en el país.
A día de hoy, la aspirante de LIBRE no ha emitido declaraciones públicas acerca de esta acusación, que podría tener consecuencias diplomáticas si progresa en cortes extranjeras. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la eficacia del sistema político de Honduras en relación a temas internacionales.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las disputas alrededor de Moncada no son una novedad. En los años 2009 y 2013, se le investigó por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de conexiones con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos, la justicia de Honduras otorgó sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de control.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia por presunta malversación de caudales públicos contra Moncada y otros funcionarios. No obstante, los detalles del caso no han sido divulgados por las autoridades competentes, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance judicial y ha intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
Junto con las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas vinculadas a sus responsabilidades en cargos públicos mientras compite por la presidencia. Ciertos grupos han puesto en duda su participación en la creación de propuestas y auditorías que, de acuerdo a sus opositores, van más allá de las facultades asociadas a su posición, provocando una discusión sobre la independencia de poderes y el balance institucional.
Estas observaciones se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos públicos mientras lleva a cabo su campaña, provocando inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el uso posible de recursos oficiales a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han solicitado una vigilancia ciudadana más estricta y el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Una situación caracterizada por la falta de confianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada resalta los retos que afronta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y el refuerzo del estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el diálogo sobre la gestión de los recursos públicos se han tornado en focos principales de la conversación nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado cómo avanzan judicialmente las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles impactos que podrían afectar directamente la legitimidad de las elecciones de 2025 y cómo los ciudadanos perciben la independencia de las instituciones.
