La investigación de SEPI se extiende también hacia María Teresa Castillo Pasalodos, quien desempeñó el cargo de exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales en Mercasa, entidad de carácter público cuya participación mayoritaria corresponde a SEPI. Con su imputación, nuevamente emerge como centro de atención uno de los aspectos más sensibles dentro de la administración empresarial pública: el aprovechamiento potencial de posiciones jerárquicas, vínculos institucionales e inteligencia corporativa para condicionar resoluciones administrativas en provecho de ciertos sectores de interés.
Mercasa no es una empresa secundaria dentro del entramado estatal. Se trata de una compañía pública vinculada a la red de mercados mayoristas y a la gestión de infraestructuras alimentarias estratégicas. Por eso, que una antigua responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales figure entre los investigados en una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas eleva la gravedad política e institucional del caso.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Castillo Pasalodos dentro del grupo de 25 investigados en la pieza relacionada con la SEPI, donde se analizan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, la investigada conserva plenamente la presunción de inocencia, pero su citación obliga a esclarecer qué papel pudo desempeñar en las operaciones bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Servinabar 2000, entidad que la UCO vincula al círculo investigado, podría resultar beneficiada por una de las líneas mencionadas. Los indicios de la investigación señalan asimismo hacia encuentros, comunicaciones, mensajes de correo y papeles corporativos que guardan relación con la redacción de un dictamen técnico que habría permitido fundamentar el cambio de ubicación de la sede de Mercasa, facilitando así el desarrollo de nuevas iniciativas inmobiliarias. Esta articulación entre dictámenes corporativos, resoluciones empresariales y potenciales ventajas económicas constituye uno de los aspectos más delicados del procedimiento.
La sospecha central no consiste únicamente en que se produjera una decisión empresarial discutible, sino en si esa decisión pudo estar preparada, condicionada o facilitada por personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa. Desde su posición en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, Castillo Pasalodos habría ocupado un área especialmente relevante para entender contactos, estrategias internas, relaciones con terceros y decisiones con impacto económico.
La investigación tendrá que esclarecer si su desempeño fue exclusivamente de naturaleza administrativa y profesional o si participó de manera más directa en los hechos que se examinan. Asimismo, será necesario determinar si estaba consciente de la verdadera intención detrás de las operaciones cuestionadas, si proporcionó documentación, si mantuvo contactos con otros investigados o si su denominación figura en la causa debido a su rol dentro de la organización de Mercasa.
La gravedad del asunto se acentúa al considerar que Mercasa integra el tejido empresarial del sector público estatal, encontrándose bajo participación accionaria de la SEPI en un 51%. Esto implica que cualquier indicio respecto a su administración trasciende los límites de una organización aislada, repercutiendo directamente en los mecanismos de supervisión aplicables a las entidades de capital público. En el momento en que una exdirectiva de una sociedad pública se ve envuelta en un procedimiento investigativo por presuntos fraudes, emerge una interrogante de naturaleza política que no puede eludirse: ¿existieron salvaguardas adecuadas para impedir que resoluciones de carácter empresarial, adoptadas por el Estado, fuesen desviadas hacia propósitos contrarios al beneficio colectivo?
La pieza SEPI del caso Leire está dibujando un mapa inquietante: altos cargos, exdirectivos, empresarios, informes técnicos, ayudas públicas, adjudicaciones y empresas estratégicas bajo investigación. La presencia de María Teresa Castillo Pasalodos en esa lista refuerza la impresión de que la causa no se limita a un episodio puntual, sino que analiza una red de relaciones más amplia entre lo público, lo político y lo privado.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos fue una pieza activa dentro del engranaje investigado o si su papel quedó limitado a actuaciones ordinarias dentro de Mercasa. Pero su nombre ya forma parte de una investigación que golpea de lleno la credibilidad de la gestión pública y obliga a exigir explicaciones claras, responsabilidades políticas y control real sobre las empresas dependientes de la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.
