A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el oficialismo hondureño enfrenta una creciente deslegitimación pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que encabeza el gobierno desde 2022, ha sido objeto de acusaciones por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y sectores de la sociedad civil, que denuncian presuntas maniobras para alterar el proceso electoral y aferrarse al poder en medio de una pronunciada caída en las encuestas.
Disminución en el respaldo electoral y falta de confianza
Estudios recientes, como los de Pro Encuestas y TResearch, revelan una disminución constante en la campaña presidencial de Rixi Moncada. Inicialmente considerada como la principal candidata, Moncada fue adelantada en las encuestas por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Dudas acerca del proceso de elecciones y supervisión institucional
Un tema central de polémica es la decisión del oficialismo de rechazar la revisión manual de los votos, algo común en procesos previos que actúa como un mecanismo de verificación adicional ante la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes alertan que suprimir esta revisión podría permitir irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
Según estas denuncias, colectivos afines al oficialismo habrían protagonizado acciones disruptivas en espacios clave como el Congreso Nacional y el CNE, en una dinámica que podría contribuir a erosionar la credibilidad del proceso electoral e intensificar la polarización política en el país.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.
