A menos de cinco meses de las elecciones generales en Honduras, la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral sigue siendo motivo de debate. Su papel constitucional es garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, así como la protección de los centros de votación se enfrenta a crecientes cuestionamientos, alimentados por fallos recientes y un contexto de desconfianza institucional.
Declaraciones institucionales y compromisos oficiales
Altos mandos del Ejército han reafirmado públicamente su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y apoyo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la cúpula militar, reiteró el compromiso de las FF. AA. de garantizar un proceso electoral “limpio, transparente y seguro”, enfatizando el carácter apolítico y no deliberante de la institución castrense.
La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La polémica también ha alcanzado al discurso institucional. Expertos señalan que sectores afines al oficialismo han intentado minimizar la responsabilidad de las FF. AA. en los errores logísticos de marzo, promoviendo una narrativa orientada a preservar la imagen de la institución castrense. Esta postura ha coincidido con una creciente desconfianza hacia el CNE, cuyas capacidades técnicas y liderazgo han sido objeto de críticas por su manejo del calendario electoral y su relación con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. es cada vez más sensible. Aunque su misión constitucional les prohíbe involucrarse o tomar partido en cuestiones políticas, la imagen pública de su neutralidad se resiente debido a la politización del debate electoral. La tensión crece conforme se acerca el momento de las elecciones, en un entorno caracterizado por la polarización y las dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación con elevada polarización política e institucionalidad democrática débil, el papel de las FF. AA. en las elecciones podría impactar de manera significativa en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La claridad en las acciones y el cumplimiento riguroso del mandato constitucional serán fundamentales para prevenir conflictos mayores y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crítico.
