El general de división Roosevelt Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un gran debate en los ámbitos político y social del país. Desde su nombramiento en diciembre de 2023, su dirección y comentarios han generado duras críticas, asociándolo con una posible politización de las fuerzas armadas y levantando dudas sobre la independencia de las diferentes ramas del gobierno.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández es hijo de una familia con una extensa tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, lo que lo ha colocado como uno de los militares de mayor rango en el país. Desde su nombramiento como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha tenido un rol destacado en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Comentarios y respuestas en el corazón de la polémica
Uno de los episodios más controversiales de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una oleada de críticas y acusaciones hacia él, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que estipula que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración refleja un peligroso acercamiento de los militares con el poder ejecutivo, socavando la neutralidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con entidades y medios de comunicación
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones tomadas por Hernández han provocado una creciente inquietud entre varios sectores de la sociedad de Honduras. Activistas de derechos humanos y políticos de la oposición han demandado su remoción del cargo, alegando que actúa como parte de un plan para la «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Se ha señalado especialmente su participación en reuniones del CNE, un organismo que debería permanecer libre de influencias militares, así como su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales en las elecciones primarias de 2025. Según sus críticos, estas medidas socavan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Polarización y desafíos para las Fuerzas Armadas
A pesar de las protestas y las solicitudes de su destitución, Hernández continúa en el puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar legalmente a quienes los critican. No obstante, su continuidad al mando de la institución refleja una creciente división en la nación sobre el rol de los militares en la política.
Aunque algunos lo consideran un protector de la institucionalidad y el orden, otros interpretan sus acciones como una muestra de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación refleja los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como dependientes del poder político, sino como una base esencial para la estabilidad del país.
