La Casa Blanca está tomando medidas rápidamente para rescatar su plan comercial, que ha sido gravemente afectado después del fallo del miércoles que invalidó la mayoría de los aranceles implementados por Donald Trump. La Administración ha señalado que, si las instancias judiciales inferiores no aplazan la implementación de la sentencia, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría “daños irreparables” a la economía y a la seguridad nacional.
El fallo representa el mayor revés judicial para Trump desde que inició su segundo mandato. Sus abogados ya han solicitado medidas cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el escrito de 124 páginas presentado este jueves, el Ejecutivo alerta de que, si se aplica la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”, pese a que en realidad Trump no ha formalizado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Ideas reiteradas, aunque sin respaldo adicional
El Gobierno insiste en los mismos argumentos esgrimidos durante el proceso: que los tribunales no tienen potestad para cuestionar la decisión presidencial de invocar leyes de emergencia para imponer aranceles, y que existe jurisprudencia —como la de Richard Nixon— que valida este tipo de medidas. Sin embargo, la sentencia judicial analiza precisamente ese precedente y lo usa para desmontar la legalidad de la actuación de Trump.
La petición presentada al Supremo destaca que, sin una suspensión urgente, «aunque los aranceles sean ratificados más adelante, el perjuicio ocasionado ya no podrá ser deshecho». El Ejecutivo señala que podría ver reducidos sus ingresos fiscales, afectar sus negociaciones internacionales y enfrentar represalias en el comercio.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
El fallo invalida, entre otros, los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China, junto con los controvertidos “impuestos recíprocos” implementados a nivel mundial con el pretexto de combatir el fentanilo y regular la inmigración. Estas acciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Tensión política y judicial
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, asistente del jefe de gabinete, fue más allá: “Estamos bajo el control de una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, quien lidera el Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que cree en la posibilidad de que el fallo sea anulado en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está trabajando en un recurso sobre el tema central que aún no ha sido entregado.
División ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, en el que Trump cuenta con tres de los seis jueces que integran la mayoría conservadora, podría desempeñar el papel de árbitro final. Pero, este balance ideológico no asegura un fallo positivo. La decisión revocada fue respaldada unánimemente por jueces nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una importancia institucional que es complicado ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto llevó a cuatro integrantes del Gabinete a presentar testimonios oficiales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que la eliminación de los aranceles “debilitaría” pactos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, alertó sobre el peligro de una interrupción de las negociaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una alteración en las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, opina que el veredicto compromete la política exterior y la seguridad nacional.
