El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha generado críticas que exigen una auditoría independiente respecto a su desempeño como ministra de Transición Ecológica durante el mandato de Pedro Sánchez.
A lo largo de su gestión, Ribera encabezó importantes resoluciones en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad, algunas de las cuales han recibido fuertes críticas por su influencia en el costo de la energía, la opacidad en las concesiones de energías renovables, y la manera de manejar las relaciones con las grandes empresas del sector.
Agrupaciones ciudadanas, entidades profesionales y ciertos partidos de la oposición destacan que la falta de transparencia en estas cuestiones podría representar un conflicto de interés en su nueva función en la Comisión, en particular si se encarga de áreas que coinciden con decisiones anteriores como ministra.
“No se puede pasar por alto que la persona que previamente asumió decisiones controversiales a nivel del país se encuentre actualmente con la capacidad de impactar en esas mismas cuestiones desde Bruselas”, declaran fuentes parlamentarias que solicitan comparecencias públicas y una revisión de los contratos otorgados durante su tiempo en el ministerio.
El otorgamiento de una licencia para operar como mayorista de hidrocarburos a la compañía Villafuel S.L. por el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, ha llamado la atención del sistema judicial y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La firma, asociada con Víctor de Aldama —uno de los principales implicados en el asunto Koldo—, recibió autorización para operar en circunstancias que, según la UCO, no cumplían con los requisitos legales. Además, Teresa Ribera ha admitido que sostuvo una reunión con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
De acuerdo con los expertos, el ministerio aprobó hasta tres resoluciones que favorecieron directamente a esta entidad. Asimismo, reportes de la UCO señalan la presencia de presiones a «altos niveles institucionales» para agilizar la aprobación del expediente, lo cual ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a requerir al Gobierno el expediente íntegro de la adjudicación.
En febrero de 2025, el Gobierno decidió desactivar definitivamente a la compañía Villafuel, después de verificarse su participación en acciones irregulares. El asunto continúa acumulando implicaciones políticas y administrativas, justo en un momento de especial delicadeza para Teresa Ribera, quien ha sido recién designada como vicepresidenta de la Comisión Europea.
