El Poder Judicial de Perú ha decidido ampliar la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo por un periodo adicional de 12 meses, argumentando un alto riesgo de fuga y la complejidad de la investigación en curso. Esta medida prolonga su privación de libertad hasta el 9 de marzo de 2027, en el marco de las pesquisas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela subrayó que Castillo no cuenta con arraigos familiares, laborales ni domiciliarios firmes. La fiscalía indicó que sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa y sus hijos, viven actualmente en México bajo asilo diplomático. Asimismo, el apoyo político manifestado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y de otras naciones, incrementa la posibilidad de que Castillo intente eludir a la justicia.
El tribunal fundamentó igualmente la ampliación de la prisión preventiva por la complejidad del caso, un proceso amplio que abarca a más de 90 personas investigadas y múltiples líneas de indagación aún en curso. Entre las diligencias pendientes figuran peritajes contables y técnicos vinculados con presuntas irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y adquisiciones efectuadas mediante PetroPerú. Estas pesquisas se orientan a esclarecer una posible malversación de fondos y el consecuente daño económico causado al Estado.
A estos elementos se añade la sentencia que ya pesa sobre Castillo por conspiración para la rebelión, derivada del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple una condena de 11 años en el penal de Barbadillo, impuesta por intentar disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque su defensa ha apelado este veredicto, también se ha señalado como un factor que incrementa el riesgo de una eventual fuga.
Adicionalmente, el Poder Judicial ha extendido por 20 meses el plazo para las investigaciones preparatorias vinculadas al caso de corrupción, con el objetivo de agotar todas las líneas de pruebas, incluidas las que involucran a exministros y colaboradores cercanos a Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario calificó la decisión de la fiscalía como desproporcionada y carente de una finalidad procesal. Argumentaron que no hay pruebas suficientes para afirmar que Castillo podría sustraerse de la justicia y cuestionaron que se utilicen gestos de líderes extranjeros como evidencia de una conducta evasiva. También señalaron que otras fiscalías están a cargo de las causas relacionadas y que no se justifica la acumulación de argumentos contra él en este expediente.
Finalmente, el magistrado insistió en que subsiste un «entorno internacional favorable para una eventual evasión». México, bajo asilo diplomático, ha recibido y protegido a familiares directos de Castillo y a exfuncionarios de confianza durante su administración. Estas circunstancias refuerzan el peligro concreto de fuga identificado por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: Qué fundamentos presenta el PJ para extender por doce meses la prisión preventiva en un caso de presunta corrupción
