En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de figurar entre los rostros más reconocibles del “sanchismo” a transformarse igualmente en objeto de críticas y recelos políticos. La gestión del caso Salazar, las denuncias sobre un presunto intento de soborno atribuido a un miembro de su partido en sede judicial, la interpretación distorsionada de una resolución judicial relativa a Begoña Gómez y ciertas decisiones polémicas dentro de Educación han situado su nombre en el centro del debate público.
La comida con Paco Salazar en plena crisis por acoso sexual
El episodio más reciente y notorio tuvo lugar cuando Pilar Alegría asistió a una comida con Francisco “Paco” Salazar, ex alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, en un contexto en el que ya se conocían denuncias internas por acoso sexual contra él y se le había retirado de sus funciones.
La fotografía de ambos disfrutando juntos en una mesa de un restaurante de Madrid circuló ampliamente por medios y redes, provocando una intensa reacción tanto interna como externa: mientras el partido intentaba frenar la crisis por el trato dispensado a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría acabó reconociendo que aquella comida constituyó un “error” que “no tendría que haberse llevado a cabo”, argumentando que asistió por la larga relación personal con Salazar y porque aún no conocía a fondo los testimonios que más tarde divulgarían los medios.
Posteriormente, la ministra calificó de “vomitivas” las conductas atribuidas a Salazar y subrayó su solidaridad con las mujeres que le acusan, insistiendo en que el foco debe estar en las víctimas y no en el coste político para el PSOE.
No obstante, críticos tanto internos como externos al partido opinan que el encuentro culinario evidencia un doble rasero y una rectificación tardía, especialmente en un momento en que el PSOE ha sido cuestionado por demorar durante meses un contacto efectivo con las víctimas del caso Salazar.
La administración pública del “caso Salazar” en calidad de portavoz
Más allá de la foto, Alegría está en el centro del relato oficial sobre cómo Moncloa y el PSOE han gestionado el escándalo. En varias comparecencias, la portavoz ha defendido que el Gobierno actuó con “rapidez y contundencia” en cuanto tuvo conocimiento formal de las acusaciones, resaltando el cese de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, acusado de encubrimiento.
No obstante, datos difundidos después revelaron que las denuncias permanecieron durante meses registradas en el canal interno del PSOE sin que se estableciera contacto con las víctimas, y que el partido estaba preparando su informe interno sobre el caso justamente cuando la controversia estalló en los medios.
Programas de análisis político han señalado contradicciones entre la versión oficial y la cronología real de los hechos, subrayando que en esos meses Salazar habría seguido teniendo influencia en la sombra y que Alegría fue capaz de reunirse con él mientras el partido decía no localizarlo.
En este aspecto, el “escándalo” no es tanto penal como político y comunicativo: se critica a la portavoz por defender una narrativa de diligencia y rigor que, a la luz de los datos, parece incompleta o demasiado benévola con el propio partido.
La acusación de soborno de 60.000 euros: un caso en disputa
Otro de los aspectos más sensibles es la acusación de soborno formulada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien ante un juez afirmó que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros (y, según algunas versiones, hasta un cargo público) a cambio de retirar una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión se ha propagado por diversos medios y espacios de opinión, donde la exhiben como muestra de una presunta maniobra interna destinada a manejar discretamente silencios incómodos para el partido.
La tergiversación del auto sobre Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría enfrentó una nueva controversia como portavoz al valorar la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente. Durante una rueda de prensa, la ministra expresó que, según el tribunal, la pesquisa resultaba “prospectiva, genérica e imprecisa”, insinuando que el auto cuestionaba la actuación del juez encargado.
El País señaló de forma directa que el Gobierno había “distorsionado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, en el mejor de los casos, por un exceso de celo propagandístico en defensa de la esposa del presidente.
Polémicas de gestión en Educación y otros debates
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría también ha afrontado críticas por algunas decisiones de política educativa: El proyecto de nueva EBAU (Selectividad) incluía en su diseño inicial una “prueba de madurez” muy cuestionada por comunidades y expertos. Finalmente, el Ministerio dio marcha atrás y eliminó ese test, ampliando el tiempo de los exámenes e introduciendo una tercera revisión, en lo que fue leído como reculada política ante la presión del sector.
En otros ámbitos, también ha asumido la responsabilidad de justificar decisiones controvertidas del Ejecutivo, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un caso judicializado y empleado por la oposición como supuesto ejemplo de un posible trato preferencial.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?
