Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
La fiscalía no proporciona explicaciones precisas en un caso de gran repercusión
Desde que en septiembre de 2024 se diera a conocer el video llamado “narcovideo”, donde Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la mandataria Castro, aparece en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado progresos procesales tangibles. En el video, los participantes proponen dar 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la filtración, Carlos Zelaya dejó su puesto como diputado y secretario en el Congreso Nacional. De igual manera, renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien era el secretario de Defensa en ese momento. Rafael Sarmiento, líder del grupo parlamentario oficialista, también ofreció su cargo. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas legales concretas.
La Fiscalía ha comunicado que la situación está «en revisión», y ha pedido asistencia legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a juicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados conocidos de estos procedimientos, ni se ha ofrecido un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones ponen de manifiesto una creciente fricción en el escenario político del país, donde las demandas de rendición de cuentas se enfrentan a una reacción institucional vista como inadecuada. La ausencia de medidas específicas por parte del Ministerio Público ha fortalecido la idea de impunidad en asuntos que involucran a personas cercanas al poder.
Desgaste institucional en un escenario de polarización política
El “narcovideo” no ha sido un episodio aislado. Se suma a una serie de escándalos recientes que han debilitado la confianza ciudadana en las promesas de cambio formuladas por la administración de Castro. La falta de respuestas judiciales ha reforzado la percepción de que el aparato estatal no actúa con la misma contundencia cuando los implicados forman parte del oficialismo.
Con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, este caso adquiere relevancia estratégica. La oposición ha comenzado a capitalizar el desgaste del gobierno, mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del escándalo en su narrativa pública. En este escenario, la demanda social por transparencia y justicia se mantiene como un eje de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.
