El estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022, continúa generando controversia debido a su prolongación y a las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue decretada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La aplicación del estado de excepción ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de circulación en diversas zonas del país.
Desde su instauración, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. En enero de 2025, la medida se extendió por 45 días más, abarcando 226 de los 298 municipios del territorio nacional. Aunque las autoridades argumentan que esta herramienta es esencial para enfrentar la criminalidad, diversos sectores han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de resultados concretos.
Discusión acerca de la eficacia y los derechos humanos en el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones injustificadas a las libertades básicas. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la aplicación del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta estrategia ha provocado una discusión sobre su utilidad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el gobierno argumenta que el estado de emergencia es vital para luchar contra el delito, entidades locales e internacionales piden reevaluar su implementación y asegurar que las acciones de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas del público.
Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
