El proceso de elecciones en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la duda y la discusión en torno a la estabilidad democrática del país. Un reporte de revisión interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a las Fuerzas Armadas fallos significativos en la logística durante las elecciones internas, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme específico de oficiales han despertado dudas acerca de la imparcialidad del sistema militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Revisión del CNE y discusión sobre el papel de los militares en comicios
El reporte de revisión interna del CNE, divulgado a la prensa nacional, especificó que la demora, falta de cumplimiento y falta de organización en la entrega de los materiales electorales en varios centros de votación fueron resultado de fallas en la adherencia al protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, quienes eran responsables de la protección y el reparto de las cajas electorales.
Entre los descubrimientos más significativos se detectaron cambios injustificados en las rutas, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de equipos tecnológicos a áreas rurales y carencia de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de urnas, impactando la participación ciudadana y suscitando dudas sobre la transparencia del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, del cual ya se habían reportado irregularidades.
La divulgación del documento ocurrió en medio de una situación de gran tensión política, con un temor creciente de que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, el liderazgo militar no ha dado una respuesta oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido en silencio, lo cual ha sido visto por algunos grupos como un signo de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones políticas como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado un examen completo del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada anticipada de observadores del extranjero y revisiones externas al sistema de transmisión de resultados.
Desarme selectivo de oficiales y tensiones internas en las Fuerzas Armadas
En el contexto de la división política actual, la medida adoptada por el Estado Mayor Conjunto de retirar armas selectivamente a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha despertado inquietud en sectores militares, políticos y civiles. De acuerdo con informantes castrenses y reportes de la prensa nacional, esta acción no se está llevando a cabo de forma generalizada ni por motivos técnicos o de salvaguarda, sino que se centra únicamente en aquellos oficiales que han expresado opiniones institucionales autónomas o críticas del gobierno.
Esta acción se ha percibido como un esfuerzo de purga oculta dentro del sector militar, quebrando la tradición de imparcialidad y suscitando dudas sobre la intención de asegurar el dominio político absoluto del sistema de seguridad nacional antes de las elecciones generales.
El desarme selectivo se suma a una serie de acciones recientes, como cambios en la cúpula militar y traslados forzosos, que han incrementado la tensión y el descontento en el interior de la institución, especialmente entre oficiales de mediano y alto rango. Algunos de los oficiales desarmados han sido trasladados a funciones administrativas, lo que se percibe como una forma de aislarlos del componente operativo y del proceso electoral.
La preocupación central entre líderes opositores y grupos democráticos es que, frente a una posible pérdida del oficialismo en las elecciones, el Gobierno podría recurrir a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o controlar manifestaciones populares.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional acerca de la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, especialmente en un escenario donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que redefina el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema clave dentro de la agenda pública, mirando hacia las futuras elecciones generales.
