En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La intervención de las autoridades, el aseguramiento de fondos y la reacción de los inversionistas han evidenciado una crisis de confianza en el sistema financiero nacional. El proceso de investigación continúa, mientras surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de funcionarios públicos y la efectividad de los mecanismos de supervisión.
Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La CNBS anunció que Koriun Inversiones no tenía permiso para funcionar como una entidad financiera. En las visitas a diversas oficinas y residencias de los dirigentes, se descubrieron enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas informalmente en cajas y bolsas. También se detectaron importantes transacciones, como el retiro de 400 mil dólares realizado por ciudadanos estadounidenses vinculados al comienzo de la estafa en 2017.
Acusaciones sobre resguardo político y crisis de credibilidad
El legislador Edgardo Castro afirmó que la actividad de Koriun Inversiones se realizó con el respaldo de personalidades del ámbito político, fiscales y empleados públicos. Castro criticó la inacción oportuna de las entidades de control y demandó una investigación detallada para esclarecer la culpabilidad de aquellos que posibilitaron o consintieron el engaño. También se mencionó el rol de algunos alcaldes que promovieron la empresa y la omisión de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus dineros y expresaron miedo a una posible pérdida de su patrimonio. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y su reembolso a los inversionistas hasta donde sea posible, aunque se prevé que el proceso será complejo y extenso. El caso ha evidenciado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en el ámbito financiero de Honduras.
