En Honduras, el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales ha cobrado relevancia tras una serie de eventos que han generado controversia y desconfianza. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallas logísticas durante las elecciones primarias, mientras que el desarme selectivo de oficiales ha suscitado interrogantes sobre la neutralidad de la institución militar.
Ante este panorama, el abogado y constitucionalista Julio César Barrientos ha abogado por una reforma constitucional que excluya a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, argumentando que su participación compromete la transparencia y equidad del proceso.
Reporte del CNE y críticas a la función militar en comicios
El reporte de revisión del CNE destacó importantes fallas en el seguimiento del protocolo logístico por las Fuerzas Armadas durante las votaciones primarias. Se detectaron desvíos injustificados en las rutas, retenciones de vehículos de transporte electoral, entrega incompleta de equipos tecnológicos en áreas rurales y ausencia de comunicación entre los líderes militares y los coordinadores electorales. Estas anomalías causaron demoras en la apertura de las urnas y sembraron dudas sobre la transparencia del proceso. La ausencia de una respuesta clara por parte del alto mando militar y del gobierno frente a estas imputaciones ha aumentado la desconfianza.
Ante esta situación, los partidos de oposición han solicitado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la intervención de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este escenario, el abogado Barrientos ha descrito como «antigua, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de proteger las urnas, distribuir el material electoral y apoyar logísticamente al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos cívicos compromete la imparcialidad institucional y permite presiones políticas y fraudes.
Propuesta para cambio en la constitución y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere modificar la constitución para que las tareas electorales sean gestionadas por una Dirección Técnica Electoral vinculada al CNE, pero con personal civil, capacitación especializada y absoluta transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y proteger los procesos electorales de cualquier intervención militar. La propuesta de Barrientos se alinea con una tendencia creciente que demanda elecciones civiles y desmilitarizadas.
No obstante, el debate no se restringe a los errores logísticos y la propuesta de cambiar la constitución. La resolución del Alto Mando de retirar las armas de manera selectiva a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas ha inquietado a varios sectores. De acuerdo con fuentes militares y quejas, el proceso de desarme no se estaría ejecutando de forma general, sino solo a aquellos oficiales que han tomado posturas independientes o críticas frente al oficialismo. Esta acción se ha interpretado como un intento de purga silenciosa dentro de las filas militares, lo cual ha creado tensión y malestar entre los oficiales de rango medio y alto.
El miedo principal entre los dirigentes opositores es que, si el oficialismo pierde en las elecciones, el gobierno intente emplear a las Fuerzas Armadas para invalidar los resultados o detener protestas. Estos sucesos han incrementado las sospechas respecto a la dirección del gobierno y la posible instrumentalización de las fuerzas militares.
