A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los líderes de estos espacios señalan un creciente rechazo ciudadano hacia LIBRE, el desgaste de su imagen pública y la impopularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han denunciado maniobras que sugieren un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el inflado de votos en las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las amenazas a medios críticos. También se menciona el uso de campañas masivas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para cooptar votantes en zonas vulnerables.
Alegaciones de estafa y preocupaciones del bando opositor
Las quejas formuladas por la oposición abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, uso del sistema judicial o amedrentamiento contra los aspirantes adversarios y jueces del CNE, control militar del proceso de votación y limitaciones a la libertad de prensa junto con un bloqueo digital masivo antes del día de los comicios. Además, existe el temor de que se proclame prematuramente un estado de excepción debido a posibles manifestaciones populares, al igual que la sospecha de que el gobierno podría intentar no reconocer los resultados electorales, invalidar mesas claves o detener el proceso de votación con pretextos relacionados con el orden público o la seguridad del país.
Solicitud de seguridades y monitoreo internacional
Frente a esta situación, los partidos opositores han demandado la intervención temprana y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema de cómputo electoral, así como compromisos públicos del CNE para asegurar la transparencia, igualdad de condiciones y responsabilidad. Asimismo, han instado a la ciudadanía a movilizarse de manera pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde la base.
La acusación de un potencial fraude ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática de la nación. La población contempla con recelo un proceso en el cual la autoridad electoral es vista como sesgada, y donde el gobierno parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis después de las elecciones, con impacto en la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.
