La integración del libro “El Golpe 28-J”, autoría del exmandatario hondureño Manuel Zelaya Rosales, dentro del sistema educativo estatal ha desencadenado un acalorado debate en Honduras acerca de la influencia política en el ámbito educativo. Esta obra, que relata la perspectiva de Zelaya sobre el golpe de Estado acaecido el 28 de junio de 2009, fue añadida a la Cátedra Morazánica, una materia de formación cívica, con el propósito oficial de conservar la memoria histórica y evitar la repetición de eventos similares. No obstante, la impresión y distribución masiva de 100.000 ejemplares por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud entre distintos sectores sociales y educativos sobre una posible politización del contenido escolar.
La controversia aumenta al comparar con la situación en Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en las escuelas durante el fortalecimiento del proyecto bolivariano. En Honduras, algunos detractores perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de adoctrinamiento político, mientras que el gobierno argumenta que el texto es parte de un programa educativo sobre memoria histórica, destinado a fomentar una enseñanza crítica y fundamentada en hechos verificables.
Debate y contenido relacionado con El Golpe del 28 de junio
El 28-J se presenta como un texto histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un hecho que ha sido identificado globalmente como una alteración del orden constitucional, censurado por organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra subraya a Zelaya como un símbolo de sufrimiento y sacrificio, mientras que sus detractores son descritos como representantes de intereses foráneos. Esta perspectiva ha sido cuestionada por grupos que opinan que el libro tiene una marcada orientación ideológica y que su incorporación en la enseñanza podría comprometer la libertad académica y la imparcialidad educativa.
A pesar de que al principio se informó que el libro sería de uso obligatorio en todos los niveles educativos, la Secretaría de Educación luego especificó que no es un requisito indispensable y que se preservará la autonomía de enseñanza. Esta rectificación responde a las preocupaciones de maestros y padres que demandan una enseñanza sin sesgos políticos, enfocada en valores democráticos y en el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, la directriz oficial publicada en el periódico La Gaceta y la producción masiva del libro mantienen el debate sobre el verdadero impacto de esta medida.
Consecuencias sociales y potenciales consecuencias políticas
Madres, profesores autónomos y delegados de colegios privados han expresado su oposición a la implementación de «El Golpe 28-J», alegando que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un material con enfoque partidista podría ir en contra de la constitución. Se ha destacado que esta acción podría restringir la autonomía docente y obligar a los educadores a impartir una interpretación parcial de los sucesos históricos recientes.
Analistas políticos sugieren que la introducción de este libro en el sistema educativo podría formar parte de una estrategia para preparar el terreno cultural y social para cambios políticos mayores, como una eventual Asamblea Nacional Constituyente, similar a lo ocurrido en Venezuela en 1999 tras la promoción del Libro Azul. Esta interpretación se basa en la idea de que el control de la narrativa histórica y la formación ideológica de las nuevas generaciones son pasos previos para consolidar proyectos políticos a largo plazo.
Las autoridades, en cambio, justifican la incorporación de «El Golpe 28-J» como un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la verdad, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones estén al tanto de los eventos del golpe y sus impactos. Desde este punto de vista, enseñar acerca del pasado no debe ser visto como un acto de venganza, sino como un método para prevenir la repetición de situaciones similares.
De esta manera, la inclusión de «El Golpe 28-J» en el programa educativo de Honduras pone de manifiesto una marcada separación tanto social como política con respecto al papel que juega la educación en la formación de ciudadanos y en la preservación de la memoria histórica. La tensión entre el derecho a enseñar libremente y la imposición de una versión oficial resalta los desafíos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y la edificación de un sistema democrático.
