Conforme se acerca noviembre de 2025, las elecciones generales en Honduras provocan preocupación creciente entre distintos sectores. Parece haber una intención de centralizar el poder por parte del Partido LIBRE en el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad clave en la gestión y control del proceso electoral. Al mismo tiempo, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en los comicios genera inquietud, con señalamientos de interferencia durante las elecciones primarias.
El CNE, responsable de garantizar elecciones libres y justas, se encuentra bajo escrutinio debido a la percepción de que sus magistrados suplentes responden a intereses políticos dominantes, particularmente del partido oficialista. Esto plantea la posibilidad de una destitución de los consejeros titulares, buscando una parcialidad del CNE en la organización electoral. Se teme manipulación en la acreditación de partidos, control del conteo de votos y validación de resultados.
Potencial influencia política sobre el CNE y amenazas para la claridad en las elecciones
Líderes de oposición expresan preocupación por una posible instrumentalización del CNE para asegurar la continuidad del proyecto político del Partido LIBRE. Las denuncias incluyen la manipulación del padrón electoral y el control del escrutinio, generando un clima de desconfianza. La situación se agrava con denuncias de fraude interno en las primarias del Partido LIBRE, sospechas de uso indebido de fondos públicos y una desconfianza generalizada en las instituciones electorales.
Si estas alertas se convierten en realidad, Honduras podría sufrir una crisis postelectoral con serias repercusiones para la estabilidad política. Entidades nacionales e internacionales han pedido reforzar la independencia del CNE y mejorar la claridad en el proceso de votación. La duda sobre la viabilidad de elecciones justas con un organismo electoral catalogado como influenciado plantea incertidumbres sobre la legitimidad del próximo gobierno.
Aumento de preocupación por la participación de los militares en las elecciones
Paralelamente, las FF. AA. son objeto de acusaciones por parte de la oposición, que denuncia boicot durante las elecciones primarias. Se reportaron retrasos en la entrega de material electoral, se registró la presencia de militares con un efecto intimidatorio en algunos centros de votación, impedimento de acceso a mesas de votación y paralización del transporte electoral en zonas opositoras. Estos incidentes, documentados por observadores, generan temor a una militarización del proceso electoral.
El incremento en la implicación de las Fuerzas Armadas en temas civiles, promovido por el partido gobernante, se percibe como una estrategia para consolidar el control político. Esta realidad plantea preguntas sobre la imparcialidad de las FF. AA., cuya misión constitucional en la seguridad electoral se ve afectada por la falta de transparencia y la influencia política. Tanto el CNE como observadores internacionales son llamados a exigir neutralidad y a mantener una vigilancia estricta. Se alerta que una posible intervención sesgada de las FF. AA. podría provocar una crisis democrática, generando incertidumbre sobre la libertad del voto y el comportamiento de las entidades responsables de mantener la paz bajo presiones políticas.
