La confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido tema de acalorada discusión pública después de las primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Diferentes grupos sociales y partidos de oposición han expresado su inquietud debido a diversas irregularidades logísticas, especialmente respecto a la distribución del material electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo retrasos de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación provocó largas colas de votantes, manifestaciones ciudadanas y un ambiente de descontento generalizado, observado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la limitada presencia de personal en las mesas receptoras.
El Tribunal Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los inconvenientes en la entrega, debido a modificaciones de último minuto en los medios de transporte, sustituyendo camiones por autobuses, lo cual alteró la coordinación y el seguimiento del programa. Aunque el CNE hizo esfuerzos por manejar la situación y encontrar las urnas perdidas, el malestar continuó, sobre todo en la capital, donde la ampliación del tiempo de votación no logró cumplir con las necesidades de los ciudadanos que aguardaban para ejercer su derecho al sufragio.
Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones
En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con el sistema democrático y la claridad de las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por su lado, ofreció un apoyo completo a la institución militar, destacando su importancia en la seguridad y logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, mencionó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la neutralidad y efectividad del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
El marco jurídico en Honduras, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y ocuparse del resguardo, traslado y supervisión de los materiales de los comicios, en conjunto con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el sentido del voto, no tomar parte en actividades políticas, o evitar la demora injustificada en el movimiento del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual sigue manteniendo a los militares como guardianes de la democracia, algo poco frecuente internacionalmente y que, según ciertos análisis, pone de relieve la debilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
Frente a los acontecimientos recientes, se han intensificado las iniciativas para reformar la constitución con el fin de reducir o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto transferir las funciones electorales a organismos civiles, sosteniendo que los procesos deben ser gestionados solo por estas entidades. Asimismo, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución. Esta propuesta busca limitar la intervención militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta medida ha suscitado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos opositores, que ven la propuesta como un posible intento del oficialismo de acumular poder.
La discusión acerca de la implicación militar en los comicios ha crecido debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensiva de las funciones de las Fuerzas Armadas, clarificando sus atribuciones y reforzando el control civil sobre esta institución castrense. Las sugerencias también abarcan el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la meta de avanzar hacia un manejo democrático sólido y disminuir la presencia militar en el ámbito político.
El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras sigue siendo un asunto fundamental en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y claridad del proceso electoral. La confianza en la honestidad del sistema electoral se considera esencial para la permanencia democrática del país y el diálogo actual destaca la necesidad de consolidar las instituciones civiles y asegurar comicios libres y transparentes.
