En Honduras, la cercanía de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes respecto a la credibilidad del proceso electoral. Se han destacado dos áreas de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente sospecha hacia el papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Hay informes que sugieren que la Fiscalía podría estar armando cargos formales contra miembros del CNE, lo cual ha preocupado a grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se dice que este procedimiento legal estaría impulsado por razones políticas, apuntando a consejeras que han tomado posturas críticas o autónomas frente al oficialismo. La eventual judicialización de las consejeras del CNE ocurre en un momento crítico, cuando el órgano electoral debe asegurar la organización justa del proceso electoral, la validez de los resultados y la confianza de los partidos políticos y los ciudadanos.
Riesgo de control y desconfianza institucional
Este tipo de medidas podrían socavar la autonomía institucional y minar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos electorales. Los grupos opositores y la sociedad civil han manifestado su inquietud, solicitando investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no motivadas por venganzas políticas. Ha habido peticiones a la comunidad internacional para que se manifieste ante posibles intentos de manipulación del CNE y vigile el comportamiento del Ministerio Público.
Paralelamente, se ha intensificado la desconfianza ciudadana y política hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático. Líderes de partidos opositores, organizaciones de la sociedad civil y analistas independientes han manifestado su preocupación por remociones y retiros sospechosos dentro de la oficialidad militar, la aproximación ideológica y operativa entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, la presencia activa de elementos militares en procesos civiles y eventos electorales, y la falta de transparencia en la planificación del despliegue militar durante los comicios.
Temor a militarización y llamados a la vigilancia
En las elecciones primarias de marzo, se informaron problemas vinculados con demoras en la distribución de papeletas electorales y una presencia militar poco común en determinados centros de sufragio, lo cual ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Hay preocupación de que el ejército, influenciado por líderes gubernamentales, pueda ser utilizado como un medio para posibilitar un fraude en las elecciones o para suprimir manifestaciones ciudadanas.
El aumento del escepticismo ha provocado llamados inmediatos a entidades globales para que envíen misiones de supervisión y demanden garantías de imparcialidad militar y claridad operativa. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de monitoreo social para registrar posibles excesos o inconsistencias. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las autoridades y la observación de la ciudadanía.
