En Honduras, el debate sobre la creación de riqueza y el avance económico generalmente se enfoca en las grandes fortunas y su presunta culpabilidad en la desigualdad y la ausencia de progreso social. No obstante, esta narrativa sencilla desvía la atención de un factor crucial: el mismo gobierno. Mientras se culpa a las élites económicas como el problema principal, raramente se examina detalladamente cómo las acciones y políticas del sector público han obstaculizado históricamente el crecimiento y la inversión en la nación.
En verdad, muchas observaciones dirigidas a las grandes dinastías empresariales en gran parte representan actitudes y fallas que se manifiestan también en la administración pública. La ausencia de transparencia, el favoritismo, la corrupción y la falta de eficiencia administrativa no solo restringen el progreso, sino que además desgastan la confianza de inversionistas y ciudadanos, impactando directamente en la economía del país y en la calidad de vida de las personas.
El Estado como principal impedimento para el crecimiento económico
Con el pasar del tiempo, las autoridades en Honduras han mantenido una preocupante inclinación a replicar prácticas que en otros contextos reciben críticas justificadas. El nepotismo persiste como un elemento recurrente en el nombramiento de puestos públicos, lo que afecta la profesionalización y eficacia de las instituciones. Esto se refleja al examinar la cantidad de familias con varios miembros en posiciones destacadas dentro del gobierno. De acuerdo a informes recientes, la familia Zelaya Castro lidera el ranking, con al menos 10 parientes trabajando en el gobierno y una ganancia anual calculada en más de 5.270 millones de lempiras.
Según el informe, la principal actividad de estos núcleos familiares es el nepotismo, lo cual implica asignar a familiares en puestos del gobierno, limitando así la transparencia, la eficiencia institucional y la meritocracia en el ámbito público. Estas prácticas, en lugar de promover el progreso, mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas manos, impactando negativamente en la confianza del público y en el crecimiento económico sostenible de la nación.
La corrupción sistemática compromete la adecuada gestión de los recursos públicos, lo que produce un mal uso y desvío de fondos que podrían destinarse a infraestructura, educación y salud. Asimismo, el exceso de burocracia y la carencia de políticas definidas para fomentar la inversión privada generan un entorno adverso para la generación de empleo formal y el crecimiento empresarial. La inestabilidad política y la falta de un marco regulador sólido disuaden tanto a inversores nacionales como internacionales, deteniendo proyectos productivos que podrían impulsar la economía y mejorar el bienestar.
Estas deficiencias no solo afectan la economía, sino que también alimentan la desconfianza social y la polarización política, dificultando la construcción de consensos necesarios para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
El cuestionamiento a las enormes riquezas y el papel que desempeñan en realidad
El debate público a menudo se enfoca en cuestionar el rol de las grandes riquezas en la economía del país, pero es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un volumen comparable de empleo formal e inversión al del sector privado. Diversos reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, a pesar de ser el principal impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado debido a la ineficiencia, burocracia y falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para promover el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar un debate constructivo que incluya a todos los grupos, el discurso gubernamental suele dividir y desacreditar al sector privado, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso es la gestión gubernamental. Para que Honduras prospere, es esencial que el gobierno asuma su papel con responsabilidad, enfrente sus malas prácticas y genere un ambiente favorable para que la iniciativa privada contribuya al máximo al desarrollo del país.
