El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Repercusiones en la inversión privada y el empleo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Entorno regional, político y discusión acerca de la justicia fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político particular. El retiro de incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener esquemas de atracción de inversiones y equilibrios fiscales, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a posibles inversionistas como a los ya presentes, quienes podrían optar por mover su capital a países con condiciones más beneficiosas para el desarrollo empresarial.
El contexto político e ideológico ha influido en la percepción del proyecto, ya que algunos sectores empresariales interpretan el discurso oficial del gobierno como contrario al empresariado y alineado con modelos económicos que han implicado transformaciones estructurales en otros países de la región. Esto incrementa el temor a una posible reconfiguración del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otro lado, los defensores de la Ley de Justicia Tributaria argumentan que las exoneraciones fiscales han contribuido a la concentración de riqueza y a la reducción de la capacidad estatal para financiar políticas públicas orientadas a la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Según datos oficiales, el 92 % de las exoneraciones se concentra en el 10 % de las empresas más ricas, mientras que el 90 % restante de las empresas solo accede al 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras debido a estos regímenes.
El plan no introduce nuevas contribuciones ni eleva las tasas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la captación de impuestos directos de grandes compañías y patrimonios, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación tributaria. No obstante, la supresión de esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este régimen. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras enfrenta un gran desafío económico
El debate en torno a la Reforma de la Legislación Tributaria sigue siendo un tema controversial y dividido. Mientras ciertos sectores opinan que puede establecer las bases para un sistema impositivo más justo y equitativo, otros alertan que su implementación podría empeorar la situación económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de capitales. La resolución final en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
