La reciente iniciativa legislativa en Honduras protagonizada por diputados del Partido LIBRE ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y económico del país. Estos legisladores intentaron aprobar de forma rápida y sin consenso la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que ha sido objeto de debate debido a sus posibles repercusiones en la inversión y el empleo. La maniobra buscaba aprovechar la ausencia parcial de diputados de oposición para forzar la aprobación en el último debate, sin embargo, la falta de quórum y la reacción de los opositores impidieron que esta acción se concretara.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El intento de aprobación exprés de la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados oficialistas del Partido LIBRE fue percibido como una maniobra para imponer una agenda fiscal sin el consenso necesario. La estrategia consistía en aprovechar un momento de ausencia parcial de la oposición en el hemiciclo para aprobar la ley en su tercer y último debate. Sin embargo, esta acción no se pudo concretar debido a la falta de quórum y a la rápida respuesta de los diputados opositores que impidieron la votación. Este hecho ha evidenciado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran perjudicial para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de sectores empresariales y de gremios. Empresarios y representantes de grupos productivos han mostrado su inquietud por las consecuencias potenciales de esta ley, indicando que podría desincentivar tanto la inversión nacional como internacional, lo que podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay una preocupación sobre la posibilidad de que esta regulación fomente una centralización del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un efecto significativo en la economía del país.
Activismo de los ciudadanos y miras al porvenir
La respuesta de la sociedad frente al fracaso en la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con diversos grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión abierta y el respeto a los procedimientos legislativos. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implementación de una ley que, según ellos, perjudicaría a millones, enfatizando que sin un respaldo considerable no hay un mandato legítimo para aprobarla.
Con respecto a las acciones futuras, los opositores han declarado que seguirán presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Por otro lado, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para tratar de aprobar nuevamente la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria sigue vigente, mostrando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la relevancia de alcanzar acuerdos que incluyan las distintas opiniones del país.
