La aprobación reciente de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en varios sectores sociales y políticos del país. Estas enmiendas se han considerado como una transformación significativa en el marco jurídico que regula las manifestaciones sociales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado por la percepción de que estos cambios podrían emplearse para restringir el derecho a manifestarse y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el derecho penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las reformas al Código Penal han sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. El endurecimiento de las sanciones para quienes participen en protestas colectivas ha sido interpretado como un posible mecanismo para disuadir la movilización ciudadana. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estas medidas podrían emplearse para limitar la participación social y el ejercicio de derechos fundamentales. La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que estas disposiciones sean aplicadas en contextos de tensión política o electoral, donde la protesta ciudadana suele incrementarse.
Las elecciones de 2017, que estuvieron marcadas por arrestos injustificados y represión de participantes, aumentan el miedo de que eventos parecidos puedan ocurrir otra vez con el nuevo marco legal. En este escenario, tanto la sociedad civil como actores políticos han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para controlar la disidencia y limitar la participación ciudadana en procesos políticos importantes.
Reacciones globales y pedidos de reevaluación
La inquietud generada por el efecto de estas reformas ha cruzado los límites de cada país. Entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han mostrado preocupación por las nuevas cláusulas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Gobierno que reconsidere las reformas para garantizar que los derechos esenciales de las personas no se vean comprometidos.
En esta situación, se resalta la relevancia de asegurar la observancia de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales se usen como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diversos grupos sostienen la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la defensa efectiva de las libertades esenciales en Honduras.
