Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a abonar una suma superior a los 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón debido a un litigio contractual. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del procedimiento judicial, el pacto incluía labores de consultoría estratégica y estrategia política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú en una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a una infracción de contrato.
La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
La relación entre el político y el asesor se deterioró a medida que avanzaron las diferencias sobre los pagos y los servicios contratados.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de pagar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 en concepto de intereses devengados, lo que elevó la cifra global a US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
Durante abril de 2019, el político fue requerido judicialmente para presentarse ante la corte y responder sobre asuntos vinculados al proceso civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la magistrada Barbara Areces, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida, libró una orden de captura contra Roberto Arzú por incurrir en desacato civil, la cual podía hacerse efectiva en caso de ser hallado en territorio floridano.
El fallo dictaminaba que, si resultaba arrestado, tendrían que ponerlo a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas siguientes para dar seguimiento al trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a una declaración cuyo fin fuera agilizar el cumplimiento del fallo.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó que se trataba de un acuerdo contractual vinculante y que Arzú había desatendido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.
Una batalla legal que impactó en su debut como candidato presidencial
El caso entre Roberto Arzú y JJ Rendón tuvo repercusión política porque se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
La existencia de una sentencia civil y de una posterior orden de detención por desacato quedaron documentadas en los registros judiciales de Florida. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer, por sí solos, cuál fue el estado posterior del cobro o de las obligaciones económicas.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Fuentes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
